La ley que criminaliza la protesta en Tabasco interpela el pasado del presidente, protagonista de una larga campaña de “resistencia” en su estado natal

Por lo que cuentan los diarios de la época, la plaza del Centro Integrador Simón Sarlat, en Tabasco, debía verse radiante aquella tarde. Era lunes, 5 de febrero de 1996. El «líder moral» de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, acababa de llegar. «Unos 1.500 chontales vitorearon a López Obrador cuando el dirigente perredista arribó a la plaza, tras los estallidos de cohetones», leería la crónica de  Filomeno Plata en la edición del diario El Sureste del día siguiente.

El tabasqueño Auldárico Hernández era entonces senador por el PRD. Bajo su mando quedaron los bloqueos en varios municipios. «Nosotros teníamos un interés político, necesitábamos base social. Pero la situación se daba, porque había muchos problemas. Es que con el argumento de que el petróleo era un bien nacional, de la federación, Pemex ni siquiera nos consideraba. Ellos entraban, nos invadían, tal cual. Incluso en asentamientos ecológicos importantes. Había muchos derrames de los ductos por la negligencia y por la falta de mantenimiento. Esto se fue agravando y nosotros abanderamos el movimiento».

Si la justicia estatal hubiera contado entonces con la Ley Garrote, aprobada esta semana en el congreso local, el actual presidente de México podría haber acabado en prisión. En su día, la fiscalía federal llegó a acusarle de «oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público; daño en propiedad ajena; sabotaje; conspiración contra el consumo y riquezas nacionales y asociación delictuosa». Pero López Obrador se libró. Hace unos días, cuestionado al respecto en una de sus habituales conferencias de prensa matutinas, dijo que la ley Garrote no afecta los derechos humanos. «Se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden», añadió, «ese fue el motivo de esta nueva legislación». En el 96, perseguido por la fiscalía, López Obrador llegó a decir que «la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia».

Todo empezó en un mitin multitudinario en la capital de Tabasco, Villahermosa, el 21 de enero por la tarde. Convertido en la estrella del evento, López Obrador avisaba de la toma de los pozos y declaró el estado, «territorio de desobediencia civil». Según el diario Tabasco Hoy, dijo: «No estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria, en tanto que una empresa supuestamente propiedad de la nación extrae nuevas riquezas». Durante su discurso, el mandatario instó a que la gente no pagara la factura de la luz o se resistiera a los intentos de desalojo por la excavación de nuevos pozos: «Cuando lleguen a cortarnos la luz, a desalojarnos de la tierra o de nuestra vivienda, tiren cuetes (sic) para avisar a todos, que se toquen las campanas o el caracol para llamarnos y correr a defender».

La toma de pozos llegó en los días posteriores, entre el 29 y el 30 de enero. López Obrador «convocó» e «incitó» a sus seguidores, según los diarios de la época, a aislar instalaciones de Pemex. Su objetivo era que la paraestatal pagara precios justos a los campesinos afectados por la construcción de pozos, o por derrames de los mismos pozos; que el dinero que Pemex sacaba con el petróleo se viera reflejado en el bienestar de sus paisanos.

La tarde del 5 de febrero, en el Centro Integrador Simón Sarlat, López Obrador se mostró especialmente combativo. Dos días antes, las autoridades habían desalojado uno de los bloqueos. Varios de sus compañeros de partido habían resultado heridos. El dirigente advirtió de que «si la represión y el desalojo de los bloqueos a las instalaciones de Pemex continuaba, «tomaremos otras medidas, daremos otra vuelta de tuerca».

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