La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado que perseguirá a los exfuncionarios que incumplieron con su responsabilidad en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
En un comunicado confirmó que «todos los recursos y las propuestas de diligencia» para responsabilizar a quienes «han incumplido con sus funciones», serán presentados por la Fiscalía de Ayotzinapa, una entidad autónoma e independiente a cargo de la investigación.
La FGR dio cuenta que desde que ocurrieron los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
En razón de lo expuesto en octubre de 2015, la administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.
La FGR detalla que durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En esas circunstancias, en la administración anterior, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente lo siguiente que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.
Además se tendría que crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
