Preludio del conflicto por venir y con el arranque de la nueva administración, el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Luis Roberto Juárez López, quien ha frenado o participado en algunos de los procesos contra exduartistas, fue el encargado de girar una orden de aprehensión contra el fiscal removido, Jorge Winckler Ortiz.
Sus decisiones han incidido en los procesos abiertos contra de exfuncionarios como Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo Contreras y Leticia Perlasca Núñez; así como encargados de agrupaciones consideradas de choque, tal es el caso de César del Ángel, líder del Movimiento de los 400 Pueblos.
El 30 de abril de 2019, Juárez López decidió no vincular a proceso a la ex Secretaria de Turismo y Cultura durante la administración duartista, Leticia Perlasca Núñez.
En este caso, tras nueve horas de audiencia, el abogado José Martín Rivera Martínez alegó que la Fiscalía General no presentó pruebas sólidas de un desvío de Perlasca Núñez de 25 millones de pesos, por medio de la empresa “Centro de Recursos de Negocios, Cerene”, señalada como “fantasma”. Ese mismo día, la exfuncionaria no quedó sujeta al procedimiento.
Ahora, con los exduartistas en libertad gracias a amparos o sujetos a proceso desde su domicilio, el juzgador obsequió la orden de detención a la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, para comenzar la búsqueda de Winckler Ortiz.
El pasado sábado 21 de septiembre dicha autoridad jurisdiccional liberó una orden de aprehensión en contra del fiscal general suspendido por el Congreso del Estado, misma que también involucra a Marcos Even Torres Zamudio, en su paso por la Visitaduría General del organismo, quien se venía desempeñando como fiscal especializado anticorrupción.
Además, se procedería en contra de Luis Eduardo Coronel Gamboa, exfiscal especializado en denuncias por personas desaparecidas, quien renunció a su cargo como fiscal regional en la zona centro de Xalapa. Finalmente, la orden de captura involucra a Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González.
Dichos integrantes y ex integrantes de la Fiscalía están señalados por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y por el delito de desaparición forzada de personas.
A la par de las quejas por corrupción contra Luis Roberto Juárez en redes sociales, en donde lo acusan de adquirir un Mazda 3 Hatchback, con un precio de 400 mil pesos; el perfil del juzgador sobresale por participar en los procedimientos contra el círculo de confianza de Duarte.
