El asesinato de Ana Daniela Vega González, de 24 años de edad, movilizó a sus compañeros de la Universidad de Guanajuato, que desde el 4 de diciembre están en paro de actividades y ya derivó en la renuncia de dos funcionarios de la institución.

Además, en redes sociales la comunidad en paro denunció la detención ilegal de algunos estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de la Universidad, por lo que responsabilizó a las autoridades de cualquier cosa que llegara a pasarles.

«Hasta el momento se han realizado algunas detenciones ilegales y, por tanto, pedimos a las autoridades estatales, municipales y universitarias no criminalizar a quienes nos encontramos en esta protesta pacífica», se lee en la cuenta de Twitter de la comunidad estudiantil.

Respecto a las renuncias, medios locales y nacionales dieron a conocer que estas fueron presentadas por Julio César Kala, catedrático e investigador de la División de Derecho, y por Lourdes Elena Gazol Patiño, quien estaba al frente del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad de Guanajuato.

Entre las demandas de los estudiantes estaba la destitución de estos dos funcionarios: el primero, señalado públicamente desde 2016 de acosar sexualmente a una alumna y a una becaria; la segunda, por la contratación de personas no aptas para la atención de violencia de género.

En su renuncia -escrito difundido por los medios- Kala manifestó: «Durante años he sido víctima de un infundio, cuyo origen obedece a los intereses mezquinos de una persona, en lo particular, y de un grupo con un marcado encono en mi contra.

«Mi inocencia ha quedado demostrada en todas las instancias en las cuales se ha conocido el caso: la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos».

El pasado jueves, los estudiantes rompieron la mesa de diálogo en la entregarían su pliego petitorio a las autoridades universitarias y del gobierno del estado, esto ante la ausencia del fiscal Carlos Zamarripa.

“Sin los cuatro, no hay trato; continúa la huelga estudiantil”, dijo una de las voceras a las tres autoridades presentes en el Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato, donde se llevaría a cabo la reunión; acto seguido, los alumnos abandonaron el lugar.

Al salir del recinto, Rodríguez Vallejo dijo a reporteros que su gobierno reconoce la legitimidad de esta manifestación y que atenderá sus demandas, relacionadas principalmente con la seguridad que la Universidad y el estado deben garantizar a los estudiantes.

Justicia para Daniela

Las acciones de la comunidad universitaria iniciaron el martes 3 de diciembre, luego de que la Fiscalía del Estado confirmara que Ana Daniela fue asesinada, descartando la hipótesis del suicidio, como sugirió la Policía Municipal en un inicio.

Ese día, se realizó una marcha en el Centro Histórico de León, donde, con las consignas «No estamos todas», «Nos falta Daniela» y «No fue suicidio, fue feminicidio» y «Ni una más», cientos de mujeres exigieron justicia por la joven universitaria.

En tanto, la casa de estudios ha manifestado a través de sus redes sociales su intención de dialogar con los estudiantes, revisar sus exigencias y hacerlas valer.

“Somos sensibles y nos adherimos a su reclamo sobre la inseguridad que sucede en nuestro entorno social en lo general, y en lo particular sobre la violencia de género», indicó la Universidad en un comunicado.

Este jueves, luego de que los estudiantes se levantaran de las negociaciones, el rector Luis Felipe Guerrero sostuvo que las autoridades están dispuestas a «establecer un diálogo constructivo a fin de concretar una agenda común y las acciones necesarias para atender sus peticiones».