La indignación permea a ciudadanos de Las Vigas de Ramírez tras el deceso del joven Everardo Falfán Zavaleta en los separos de la Comandancia Municipal y bajo custodia de la policía preventiva.

El pasado primero de enero la Policía Municipal detuvo a Everardo por una supuesta falta administrativa cerca del mediodía del primero de enero de este 2021.

Apenas minutos después, los uniformados reportaron a su familia que Everardo se suicidó ahorcándose con su camisa.

La versión del supuesto suicidio de Everardo despertó la inconformidad de los ciudadanos de Las Vigas, quienes se aglomeraron afuera del palacio municipal y exhibieron casos de abusos policiales ante la opinión pública.

La movilización del 4 de enero tuvo que ser atendida por el alcalde del PRI, Alejandro Lino Cruz Romero, quien garantizó en la explanada del Palacio Municipal que se investigaría un posible exceso de la Policía contra el detenido.

A la fecha el caso está siendo investigado por la Fiscalía General a través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y da seguimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

ACUSAN ABUSOS DE MUNICIPALES 

En la manifestación del 4 de enero, los pobladores acusaron a la policía preventiva de Las Vigas de incurrir en abusos contra los jóvenes, entre estos, el caso de una persona detenida, golpeada y extorsionada.

Respecto al presunto suicidio de Everardo una fuente consultada por E-Consulta Veracruz dijo que servidores tanto de la Policía Municipal, como de la Fiscalía General del Estado (FGE), impidieron a la familia ver el cuerpo.

Además, el cadáver del joven presentaba moretones, de ahí la sospecha de un posible exceso de la policía municipal.

Según testimonios de pobladores, quienes piden anonimato por temor a represalias, la policía detuvo a Everardo por una supuesta discusión con su pareja, madre de su hija, en la vía pública, en el centro del municipio.

Por esta razón Everardo fue remitido los separos de la Comandancia, de donde el joven no salió con vida.

«Fue una denuncia de su pareja y que nada más estaban ofendiéndose, discutieron en la vía pública. No era para que Everardo entrara y ya no saliera», expresó la fuente consultada.

Los hechos ocurrieron días después de la separación de Everardo con su pareja, indica la persona entrevistada.

El primero de enero la policía de Las Vigas solicitó a uno de los familiares acudir a la Comandancia, en donde los elementos dieron la noticia de la muerte del joven, de golpe, sin preámbulos ni explicaciones, impidiéndoles acompañar el cuerpo hacia los Servicios Periciales de Xalapa.

«Nunca lo mostraron (el cuerpo), llegó Fiscalía a la comandancia y se lo llevaron a Xalapa», relató uno de los consultados.

Se confirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino el 4 de enero, y dicha defensoría ofreció dar seguimiento a la investigación, además, se dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante una probable responsabilidad de los servidores públicos de la Policía Municipal.

COLECCION DE ARBITRARIEDADES

De acuerdo con el catálogo de resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Veracruz se acumulan 33 recomendaciones contra policías municipales en Veracruz sólo en 2020.

En el primer lugar de la lista destaca Orizaba con las recomendaciones 88/2020, 109/2020 y 152/2020; Papantla, con las recomendaciones 05/2020, 53/2020 y 135/2020 y Tuxpan, con las recomendaciones 42/2020, 70/2020 y 140/2020.

Además de Zozocolco, con la recomendación 01/2020; Tres Valles, con la recomendación 3/2020; Yanga, con la recomendación 08/2020; Soteapan, con la recomendación 10/2020; Los Reyes, 14/2020; Coyutla, 23/2020; Martínez de la Torre, 27/2020; Ixcatepec, 34/2020; Benito Juárez, 35/202 y Tlacotalpan, con la recomendación 56/2020.

Aparte de Mariano Escobedo, con la 62/2020; Coatepec, con la 67/2020; Alvarado, con la recomendación 77/2020; Cazones de Herrera, 95/2020; Chocamán, con la recomendación 104/2020; Perote, con la recomendación 115/2020; Texistepec, recomendación 121/2020; Omealca, con la recomendación 128/2020; Tehuipango, recomendación 131/2020 y Alto Lucero con la 137/2020.

Así como Chumatlán, con la recomendación 145/2020; Mecatlán, recomendación 148/2020; San Rafael con la 154/2020 y Tatitla, con la 159/2020.

Entre estas, destacan casos de violaciones graves a derechos humanos. Es el caso de la 152/2020 contra la policía municipal de Orizaba al abrir fuego contra los hermanos Román y Ernesto Pérez González el 1 de noviembre de 2018.

En ese sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advirtió que los elementos policiacos incurrieron una posible alteración de la escena del crimen e incluso, con la participación de un tirador externo en el crimen de los Pérez González.

Además, la Policía nunca justificó la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas.

Otra recomendación es la 54/2020, contra la Policía Municipal de San Rafael, al violar el derecho a la libertad personal de un menor de edad al detenerlo, esposarlo a un barrote de la cárcel municipal.

Derechos Humanos determinó que los agentes de la Municipal sí violaron los derechos del menor. Además, si bien el joven sí mostró conducta agresiva contra su mamá y contra los uniformados, estos violaron su propio Bando de Policía y Buen Gobierno al encerrar al menor en los separos, cuando debieron haberlo tenido por presentado ante la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En Mecatlán, como consta en el expediente 148-2020, la CEDH documentó que servidores públicos de la Policía Municipal incurrieron en violación de los derechos a la libertad y seguridad personales y el derecho a la seguridad jurídica contra un poblador.

En Omealca, elementos de la policía municipal instalaron un retén en la carretera a Tezonapa, en donde detuvieron a una persona y a un acompañante a bordo de una motocicleta.

Metros más adelante, la Policía Municipal entregó a los dos detenidos a una patrulla de la Policía Estatal, y al día siguiente, uno de los jóvenes apareció desnudo y con huellas de tortura (huellas de golpes de cinturón en la espalda).

Familiares del joven «levantado» presentaron denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tezonapa, sin que la autoridad competente procediera con búsqueda inmediata de parte de la autoridad.

MORIR EN LOS SEPAROS

Cabe referir que E-Consulta documentó los casos de dos personas detenidas por policías estatales y fallecidas en los separos, bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Es el caso de Gustavo Ortiz Hernández, muerto en los separos del Cuartel «Heriberto Jara Corona» de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa.

Originario de Misantla, en Xalapa, Gustavo Hernández se ganaba la vida con el cultivo y venta de flores en la colonia Revolución. De hecho, sus familiares sospechan de una detención ilegal, la cual derivó en su muerte al interior del Cuartel San José, en Xalapa.

Durante una protesta realizada al pie de Palacio de Gobierno el 27 de octubre de 2020, la familia de Gustavo denuncias distintas anomalías con el proceder de la Policía Estatal. La primera, al no avisar de la detención del joven y su ingreso al Cuartel San José. La segunda, acerca de que elementos de Seguridad Pública conducían el vehículo de uno de los vecinos de Gustavo.

Además, el sábado 2 de mayo de 2020 murió en la cárcel del citado cuartel policial Andrés Navarro, de 33 años, rapero, diseñador y serigrafista de la colonia Rafael Lucio.

La Secretaría de Seguridad Pública adjudicó a un infarto fulminante la causa de muerte de Carlos Andrés; sin embargo, familiares del occiso denunciaron signos de violencia en el cuerpo del rapero.

Por lo anterior la familia y amigos de Andrés, conocido por su pseudónimo de «Crazy Área 238» dudan de la versión de la autoridad acerca de la causa de muerte por supuesto infarto fulminante al miocardio, lo que también derivó en una serie de protestas públicas en la capital del Estado.