El pasado ocho de marzo, el gobernador Cuitláhuac García, exhibió pendones con imágenes de las principales funcionarias en Veracruz en los balcones del Palacio de gobierno. Ello, como un logro de su administración en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La exhibición de las imágenes contrastó con lo que, en los hechos, ha ocurrido con otras funcionarias, quienes se han dicho víctimas del acoso institucional y obligadas a renunciar.
El caso más reciente es de la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue revocada como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y además está sometida a juicio político por parte del Congreso local.
La magistrada llegó al cargo a propuesta del propio García Jiménez ante la LXV Legislatura, pero tras su deposición acusó directamente al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de haberle solicitado su renuncia y amenazarla.
Ante medios nacionales la expresidenta del Poder Judicial sostuvo que fue presionada para no proceder en contra de presuntos actos de corrupción perpetrados por los responsables de la construcción de las ciudades judiciales en Veracruz.
El cuatro de marzo, el Congreso del Estado pospuso un juicio político en su contra, tras ser denunciada por usurpación de funciones, lo que el Tribunal Superior de Justicia determinará, incluyendo si le compete o no una sanción, en caso de que el pleno apruebe separarla del cargo o inhabilitarla con mayoría calificada.
Abrupta salida de Contralora
El rostro de Leslie Mónica Garibo Puga no apareció en los pendones de Palacio de Gobierno; en solo nueve meses tuvo su debut y despedida de la administración estatal.
El 25 de noviembre de 2018, Cuitláhuac García anunció la designación de seis mujeres dentro del gabinete, entre ellas, Leslie Garibo al frente de la Contraloría General del Estado.
En ese entonces, la exrepresentante de Morena ante el OPLE garantizó el correcto desempeño de los servidores públicos, la reconstrucción de un gobierno honrado, eficiente y transparente.
Y aunque ofreció cero treguas a la corrupción y dar vigilancia al servicio público estatal, Mónica Garibo no concluyó su ejercicio luego de renunciar al cargo en septiembre de 2019 en medio de críticas por no sancionar actos de nepotismo y corrupción evidenciados por la oposición.
Garibo acusó una decisión “unilateral” en su renuncia al cargo
El caso de la excontralora no solo fue el primero de una renuncia obligada, sino también marcó la pauta de presuntas presiones desde el gobierno estatal para encubrir actos de corrupción de quienes integran el gabinete e incluso los órganos autónomos.
Para el caso concreto, Garibo Puga se inconformó ante la permanencia de Miguel Ángel Vega, director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Público y excolaborador de Rosario Robles, dentro de la dependencia a su cargo.
Leslie Garibo tampoco pudo encontrar, a unos meses de iniciado el gobierno de la 4T, irregularidades que justificaran la “mala administración” de los recursos en el yunismo.
Además, a su paso por la Contraloría estalló el escándalo de las patrullas compradas a sobreprecio por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, donde no hubo sanción.
Igualmente exoneró al gobernador y a su primo Eleazar Guerrero Pérez de presunto nepotismo
El último escándalo que coincidió con la salida de Leslie Garibo, fue la filtración a los medios de los altos costos en la celebración de las fiestas de independencia, dinero que salió de la dependencia del Secretario de Gobierno, por un monto de 14 millones 992 mil pesos; más que lo invertido por el propio Andrés Manuel López Obrador.
Un día después de la justificación de Cisneros, quien dijo que esto no era un gasto sino una inversión y ante los trascendidos que dicho documento que exhibía el dispendio había salido de la Contraloría, Leslie Garibo Puga renunció a su cargo.
Renuncia obligada de Guadalupe Argüelles
Quien fuera la Secretaria del Trabajo desde inicios de la administración, renunció al cargo a finales de abril de 2020.
Argüelles se vio envuelta en una serie de polémicas con sus hijos, que van desde presuntos actos de nepotismo al interior de la dependencia que dirigió hasta problemas con posesión de drogas.
Argumentando “asuntos del ámbito personal que requieren su atención”, el mandatario anunció en sus redes que aceptaba la renuncia de su excolaboradora.
Lo anterior aconteció apenas unas horas después que medios locales denunciaran que Efrén “N”, hijo de Argüelles Lozano, fue detenido en el municipio de Chicontepec, al norte del estado, mientras manejaba en presunto estado de ebriedad y en un vehículo oficial.
Al ser revisado por la policía municipal, en el interior del vehículo se le encontró una bolsa con hierba con las características de la marihuana.
A diferencia del primer escándalo por imponer a su hija en un puesto al interior de la dependencia -a quien luego removería- en esta ocasión el gobernador no respaldó a Guadalupe Argüelles.
La última aparición pública de Argüelles fue para ser entrevistada en el marco de la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde no fue siquiera contemplada para la terna final.
Yolanda Olivares, amenazada
Otra cara que no apareció en las fotos de inclusión y paridad es la de Yolanda Olivares Pérez, cuya salida en mayo de 2019, estuvo rodeada de presuntas amenazas de Patrocinio Cisneros s, quien públicamente aceptó que su encargo y permanencia en evaluación, a pesar de no tener atribución para la designación y remoción de quien ocupa ese cargo.
Olivares, quien era Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) recibió críticas por el incremento de los feminicidios en la entidad.
Cisneros criticó que la titular del organismo se dedicó a justificar la falta de resultados y que incluso solicitó al entonces titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, los informes sobre el estado que guardaban las investigaciones de feminicidios, pero este “no le respondía”.
Al respecto, Cisneros deslizó una acusación de complicidad en el incremento de ese delito, por no estar pendiente de las investigaciones: “Vamos a insistir, y si no lo hacen vamos a tomar otras medidas, no queremos pensar que hay complicidad ahí”.
Meses antes, Yolanda Olivares puso sobre la mesa una declaración contra el gobernador y su supuesta inclusión y defensa de las mujeres.
Denunció públicamente que en la modificación al presupuesto de egresos 2019, Cuitláhuac García pretendía recortarle los recursos al IVM, poniendo en riesgo la operatividad de los refugios para las mujeres víctimas de violencia.
Detalló que Yunes Linares había proyectado un presupuesto de 29 millones 500 mil 171 pesos, no obstante García le asignaría 21 millones 500 mil 171 pesos. Sus presiones públicas lograron un aumento de cinco millones de pesos adicionales.
Colaboradoras cercanas, impuestas
El gobierno de Veracruz ha sido señalado de imponer a quienes consideran incondicionales. Es el caso de Verónica Hernández Giadáns, actual fiscal general del Estado. Su llegada terminó por concretarse en 2020.
Hernández era hasta antes del tres de septiembre de 2019 la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, dependencia encabezada por Erick Cisneros.
Los diputados locales de Morena y aliados en la diputación permanente removieron al entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz y la nombraron encargada de despacho.
Su foto fue exhibida como un logro más de la administración de García Jiménez, aunque fue electa por el Congreso.
Otro caso es el de Brenda Cerón Chagoya, quien fuera secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a quien nombraron encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Cerón recibió críticas por la forma en la que llegó a ocupar la titularidad de la dependencia.
Según integrantes de colectivos de desaparecidos, el mecanismo estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas no encontró un perfil más adecuado, tras la renuncia de Geiser Caso Mollinari al cargo.
El caso más reciente es el de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien, tras la deposición de Sofía Martínez, llegó a ocupar el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Apenas unas horas después, la mayoría de quienes integran el pleno del Poder Judicial dieron su visto bueno para que Romero Cruz sustituyera a Martínez Huerta en el encargo de la presidencia.
La foto de Isabel Inés Romero apareció como un logro del gobierno estatal en los pendones colocados en Palacio de Gobierno. El detalle radica en que la presidencia del TSJ debería ser una facultad propia del poder autónomo.
