La organización Artículo 19 informó este martes que, hasta agosto de 2021, 22 periodistas han sido asesinados, esto desde el inicio del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, la organización denunció que el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones para la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión.
La organización internacional documentó que las agresiones contra las mujeres periodistas aumentaron, registrándose 120 en el primer semestre de este año. La mayoría fueron intimidaciones y hostigamientos.
“Este escenario indica que en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse, y el Estado mexicano sigue sin cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, libertad de expresión y acceso a la información“, destacó la organización en su más reciente informe.
En el documento “La violencia contra la prensa prevalece, al igual que la inacción del Estado” documentó 362 agresiones contra la prensa de enero a junio de 2021, es decir, un promedio de una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 12 horas.
En prácticamente todos los estados se documentaron ataques, sin embargo, las entidades que registraron más agresiones fueron la Ciudad de México, con 64 agresiones; Tamaulipas y Quintana Roo, con 23 cada una; Puebla, con 22; Guerrero, con 21, y Baja California, con 19.
En el primer semestre destacó la coyuntura electoral como la principal cobertura de riesgo. La organización documentó que los partidos políticos atacaron a la prensa en 56 ocasiones.
“Para los agresores la prensa se vuelve en un objetivo a silenciar y censurar en elecciones, por el costo político que pudiera implicar para quienes compiten por un cargo público”, se destacó en el informe.
Para la organización, las agresiones perpetradas por gobernantes y aspirantes al gobierno van en contra de los estándares de libertad de expresión e incumple con las obligaciones del Estado.
En el periodo observado, 134 agresiones (37.33% del total) fueron perpetradas por autoridades. 83 de ellas eran funcionarias públicas civiles, 46 por elementos de las fuerzas de seguridad civiles y cinco por elementos de fuerzas armadas.
En el periodo aumentaron las agresiones por internet, con una de cada tres denuncias, que incluyen hechos como campañas de desprestigio, comunicaciones intimidatorias, ataques cibernéticos e intentos de acceso a sus cuentas.
