Es «lógica» la solicitud que hace la la defensa de Emilio «N», exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España y responda por las acusaciones por el caso Odebrecht, afirmó el abogado Rodolfo de la Guardia.
En entrevista, el litigante explicó que el detenido está buscando dos figuras procesales: la primera es un acuerdo reparatorio con el gobierno federal por el perjuicio que generó durante su gestión al frente de la empresa en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La segunda es llegar a un criterio de oportunidad que implica proporcionar información eficaz y dar indicios de un delito mayor o un evento particular; que bajo esa perspectiva resulta razonable querer indiciar a Peña Nieto y solo así cumplir con lo establecido en la ley.
Sin embargo, «no solo es ir a decir ‘me constan ciertos hechos’ sino cómo estos hechos en la realidad pueden corroborarse, es decir, la entrevista debe tener un valor probatorio en lo individual para que luego se vincule en lo global».
¿De quién depende que el expresidente Peña Nieto sea extraditado?
«Hay dos vertientes: la primera es la calidad de información que pueda brindar el señor Lozoya o cualquier testigo, pero sobre todo el Ministerio Público de la Federación que es quien tiene que solicitar una orden de aprehensión, una forma de conducción para luego» emprender el proceso de extradición.
En el supuesto que se girara una orden de aprehensión, el exmandatario tendrá que contratar dos equipos de abogados, uno en México para hacerle frente a las acusaciones y otro en España en donde intentará convencer a un juez que no hay riesgo de fuga y por lo tanto no ser encarcelado en ese país.
