A casi tres meses de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba en materia de seguridad: la contención de la violencia criminal que azota varios estados del país.
El repunte de ataques armados, bloqueos carreteros y enfrentamientos en entidades como Michoacán, Jalisco, Guerrero y Zacatecas ha puesto a prueba la estrategia de la mandataria, quien ha insistido en un modelo basado en la coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías locales, con énfasis en la prevención y la inversión social.
Sin embargo, analistas advierten que la realidad es compleja. Los cárteles de la droga, en disputa por rutas estratégicas, han intensificado sus acciones violentas, obligando al gobierno federal a desplegar miles de efectivos adicionales en zonas de alto riesgo.
Sheinbaum ha reiterado que “no habrá tregua con el crimen organizado”, al tiempo que impulsa una agenda de fortalecimiento institucional en ministerios públicos y fiscalías estatales. Pese a ello, voces críticas consideran que el “primer round” de la presidenta contra el crimen se libra en condiciones adversas, con estructuras criminales fuertemente armadas y comunidades bajo constante presión.
En este contexto, el reto inmediato para la administración federal es demostrar que su estrategia no solo se basa en la contención militar, sino en resultados tangibles que devuelvan la tranquilidad a la ciudadanía.
