El caso de Humberto del Bosque ha vuelto a encender el debate sobre la fragilidad del sistema judicial mexicano, al evidenciar —una vez más— cómo la justicia en el país parece derretirse ante el poder y la influencia.
Del Bosque, empresario con antecedentes en casos de corrupción y vínculos con redes de tráfico de influencias, habría logrado evadir sanciones gracias a resoluciones judiciales que, según críticos, reflejan una preocupante “justicia de mantequilla”: flexible con los poderosos, implacable con los ciudadanos comunes.
En redes sociales y espacios de opinión, juristas y analistas coincidieron en que este tipo de decisiones minan la confianza en las instituciones. “Cuando la ley se dobla frente al dinero, deja de ser justicia”, señaló un especialista en derecho penal.
El caso se suma a una serie de resoluciones cuestionadas en los últimos meses, donde figuras políticas y empresariales han obtenido beneficios judiciales bajo argumentos técnicos o irregularidades en los procesos.
Mientras tanto, la opinión pública exige mayor transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, en un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum impulsa reformas orientadas a fortalecer la legalidad y el combate a la corrupción.
El expediente de Humberto del Bosque se convierte así en un símbolo incómodo: el reflejo de una justicia que muchos consideran débil ante el poder y que, como el título sugiere, se derrite fácilmente bajo el calor de la impunidad.
