La disputa entre el Gobierno federal y la farmacéutica Pisa, una de las mayores proveedoras del sector salud, ha escalado a un nuevo nivel con lo que ya se conoce como “la guerra del Electrolit”. Detrás del enfrentamiento, que combina intereses económicos, acusaciones cruzadas y decisiones regulatorias, se esconde una larga historia de tensiones que ha marcado la relación entre la empresa y el Estado mexicano.
El conflicto resurgió luego de que las autoridades sanitarias y financieras intensificaran las revisiones a la compañía, propietaria de la popular bebida hidratante Electrolit. La medida fue interpretada por analistas como un nuevo capítulo en el distanciamiento entre el Gobierno y el grupo farmacéutico, señalado en el pasado por presuntas irregularidades en contratos públicos y prácticas monopólicas.
Desde el Gobierno, se ha argumentado que el objetivo es “garantizar competencia y transparencia en el sector salud”, mientras que Pisa sostiene que enfrenta un entorno de hostigamiento político y económico que pone en riesgo miles de empleos.
El pleito no es nuevo. Durante la administración anterior, la empresa fue vetada temporalmente del sistema público de salud, lo que derivó en una fractura que nunca se reparó del todo. Ahora, con el éxito comercial de Electrolit en México y Estados Unidos, el conflicto ha adquirido dimensiones internacionales.
Expertos en economía y salud advierten que la disputa podría tener efectos en la distribución de medicamentos y en la estabilidad del mercado farmacéutico nacional. “Más allá de Electrolit, lo que está en juego es la confianza entre el Estado y sus proveedores”, apuntó un especialista del sector.
Mientras tanto, Pisa defiende su marca más rentable y el Gobierno sostiene su postura de control y regulación. En medio de esa pugna, consumidores e instituciones médicas observan cómo una bebida que simbolizaba recuperación y energía se convierte en el epicentro de una batalla política y empresarial que aún no tiene final.
