A más de tres meses de la entrada en vigor de la reforma judicial impulsada por el Gobierno federal, el Tribunal de Disciplina Judicial, considerado su pieza central, continúa sin operar formalmente, lo que ha generado críticas sobre la lentitud en la implementación del nuevo modelo de justicia.
El órgano fue creado con el objetivo de vigilar, investigar y sancionar a jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial que incurran en actos de corrupción, nepotismo o faltas éticas. Sin embargo, hasta ahora no cuenta con integración completa ni reglamentos internos, lo que impide su funcionamiento.
Fuentes del sector judicial señalan que la falta de nombramientos y lineamientos claros ha detenido la puesta en marcha del tribunal, que debía comenzar a recibir denuncias y expedientes desde septiembre pasado.
La Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia aseguran que el proceso de instalación avanza, pero expertos advierten que la demora compromete la credibilidad de la reforma y deja al Poder Judicial en una situación de vacío disciplinario.
“Es una paradoja: la institución creada para depurar al sistema judicial es la que está paralizada”, comentó un especialista en derecho constitucional.
Mientras tanto, los casos de presunta corrupción dentro del Poder Judicial siguen acumulándose sin un órgano que los procese, y la promesa de transparencia y rendición de cuentas que acompañó la reforma permanece en el aire.
