El llamado acuerdo político nacional impulsado hace unos meses por el Gobierno federal con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y el consenso entre partidos ha perdido legitimidad y apoyo, tanto dentro del Congreso como entre los sectores empresariales y sociales que inicialmente lo respaldaron.
Fuentes legislativas reconocen que el pacto, presentado como un instrumento de cooperación institucional, se ha convertido en un espacio de confrontación y desconfianza, donde cada fuerza política busca imponer su agenda particular.
La falta de resultados concretos, las divisiones internas en Morena y la resistencia de la oposición a firmar compromisos considerados “cosméticos” han deteriorado la credibilidad del proyecto. Incluso algunos firmantes originales admiten que el acuerdo “se vació de contenido” y que hoy “nadie lo defiende”.
Analistas políticos advierten que el desprestigio del acuerdo refleja una crisis de diálogo entre los poderes del Estado, agravada por la polarización y la disputa electoral anticipada. En este contexto, la posibilidad de reactivar el pacto parece cada vez más lejana, mientras las negociaciones clave se trasladan a espacios informales o de carácter estrictamente partidista.
En los hechos, el acuerdo que buscaba ser un símbolo de unidad nacional, terminó convirtiéndose en un nuevo ejemplo de desgaste político e institucional.
