La crisis de desapariciones en México no distingue uniformes. Cada vez más familias de policías se suman a las brigadas de búsqueda que recorren cerros, fosas y caminos rurales, en un intento desesperado por encontrar a sus seres queridos, víctimas de la misma violencia que juraron combatir.
En estados como Veracruz, Jalisco y Guerrero, organizaciones civiles han documentado decenas de casos de agentes desaparecidos en circunstancias que van desde enfrentamientos con el crimen organizado hasta presuntas detenciones ilegales. Muchos de ellos no figuran en los registros oficiales o son clasificados como “ausentes” sin investigación alguna.
“Nos dicen que ellos sabían a lo que se metían, pero eso no justifica que el Gobierno los olvide. También son víctimas”, denuncia María Fernanda Ruiz, esposa de un policía desaparecido en 2023 en Tierra Blanca, Veracruz, quien desde entonces busca pistas por su cuenta.
Colectivos de búsqueda advierten que la falta de apoyo institucional y la criminalización de las víctimas han extendido el dolor incluso dentro de las propias corporaciones de seguridad. Algunos familiares aseguran haber recibido amenazas o represalias por exigir respuestas.
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 114 mil personas continúan sin ser localizadas en México, entre ellas cientos de elementos policiales. Para sus familias, la esperanza se ha convertido en resistencia.
“Nosotros también vestimos el uniforme, pero ahora somos los que buscamos a los nuestros”, dice entre lágrimas el hermano de un agente desaparecido en Michoacán. “Solo queremos encontrarlos, con vida o sin ella.”
