El Gobierno federal señaló que la reciente marcha protagonizada por jóvenes de la llamada generación Z estaría relacionada con una presunta campaña internacional de desinformación, cuyo financiamiento se estima en más de 90 millones de pesos. De acuerdo con fuentes oficiales, el movimiento habría recibido apoyo logístico y mediático desde el extranjero con el propósito de influir en la opinión pública nacional y generar descontento social. Aunque no se ofrecieron pruebas concretas sobre los supuestos vínculos, las autoridades afirmaron que se investigan los flujos financieros y las plataformas digitales utilizadas para promover las movilizaciones. Por su parte, diversos colectivos juveniles rechazaron las acusaciones y defendieron que su participación en las protestas responde a causas legítimas como la defensa de los derechos digitales, la transparencia gubernamental y la libertad de expresión.
