La presidencia de Claudia Sheinbaum enfrenta una crisis política tras la manifestación autodenominada Generación Z, que reunió a miles de personas sin liderazgos claros ni demandas definidas. Desde Palacio Nacional, el Gobierno ha señalado que el movimiento carece de un liderazgo auténtico y lo ha vinculado a intereses oscuros, acusando a opositores, empresarios y figuras mediáticas de instrumentalizar el malestar ciudadano

Sheinbaum ha calificado el movimiento como una posible “campaña de desinformación”, alegando que se ha visto infiltrado por cuentas falsas, bots y figuras políticas con agendas externas. Además, el Gobierno ha reforzado la seguridad en puntos estratégicos del centro histórico, incluidos alrededores de Palacio Nacional, lo que ha sido criticado por opositores como una respuesta autoritaria ante un movimiento aparentemente espontáneo.

Analistas políticos interpretan que parte de la estrategia de Sheinbaum es deslegitimar la protesta, planteándola como un fenómeno fragmentado que puede desactivarse con acusaciones de financiamiento opaco. Aun así, los orígenes del movimiento —derivado, según sus integrantes, del hartazgo juvenil por la inseguridad, la desigualdad y la corrupción— están presentes en amplios sectores, lo que complica una repuesta simple y unilateral.