El Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta uno de sus mayores desafíos con la creciente resistencia del sector agrícola, que ha endurecido sus posturas frente a las recientes decisiones federales en materia de apoyos, precios y políticas productivas. Diversas organizaciones campesinas han acusado a la administración de mantener un diálogo insuficiente y de aplicar medidas que —aseguran— ponen en riesgo la rentabilidad y la permanencia de miles de productores.
Las movilizaciones recientes, que incluyen bloqueos carreteros y protestas simultáneas en varios estados, evidencian la profundidad del descontento. A pesar de los llamados al consenso y las reuniones organizadas por la Secretaría de Agricultura, los líderes del campo sostienen que las propuestas gubernamentales no responden a las necesidades reales del sector, especialmente ante el aumento de costos y la baja en precios de garantía.
En Palacio Nacional se reconoce que el conflicto podría prolongarse si no se alcanzan acuerdos sólidos, mientras especialistas advierten que la postura firme del campo será un obstáculo relevante para los planes económicos de Sheinbaum, quien necesita estabilidad rural para sostener su estrategia de producción interna y combate a la inflación alimentaria.
Por ahora, el diálogo continúa, pero la tensión crece y el campo ha dejado claro que no cederá sin resultados tangibles.
