Este lunes entra en funciones la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con nueve nuevos ministros —elegidos por voto popular en una reforma histórica—, marcando una tensión entre la búsqueda de legitimidad democrática y la amenaza de una mayor subordinación al Ejecutivo.
Elección popular y reducción del tribunal
Por primera vez en la historia moderna de México (desde 1882), los ministros de la Corte fueron electos directamente por la ciudadanía, como parte de una reforma judicial impulsada por Morena, que también redujo el número de integrantes de 11 a 9 ElHuffPostWikipediainfobae. Además, desaparecen las tradicionales dos salas para pasar a deliberar únicamente en pleno Wikipediadigitalplural.com.mxEl País.
El mandato de los nuevos ministros será de doce años (en lugar de quince), sin pensión para quienes no resulten electos y con un límite salarial que no puede superar al del Presidente infobaeWikipedia. La presidencia de la Corte se renovará cada dos años, otorgándose al candidato que obtuvo más votos en la elección judicial correspondiente Gaceta Parlamentariainfobae.
¿Más democrática o menos independiente?
El esquema fue presentado como una modernización democrática que otorga legitimidad a la elección de magistrados, pero ha recibido críticas por su potencial para comprometer la autonomía del Poder Judicial.
Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, alertó que la elección popular podría politizar a la judicatura, subordinándola al Ejecutivo y debilitando la independencia legal Cinco Días.
Norma Piña, renunciante presidenta saliente de la Corte, condenó la reforma como un ataque al principio de independencia, condenando que quienes no comulgan con el proyecto político dominante son etiquetados y desprestigiados
El cambio también fue celebrado por Sheinbaum, quien lo calificó como el inicio de una “nueva era” judicial, con magistrados votados por la población, frente a los que criticó como parte de un sistema corrupto
Reestructuración institucional y retos operativos
La desaparición del Consejo de la Judicatura Federal dio paso a dos órganos nuevos: el Tribunal de Disciplina Judicial (para los casos de corrupción o mala conducta), y el Órgano de Administración Judicial (responsable del presupuesto, adscripciones y administración general)
Se eliminó la figura del presidente fuerte de la Corte, quien ahora tiene menos atribuciones administrativas
Además, el tribunal arranca con más de mil 400 asuntos pendientes y sin las salas especializadas que aceleraban el trabajo del pleno
Contexto y tensiones políticas
Las reformas judiciales simbolizan una polarización institucional: la justicia bajo escrutinio, pero también bajo creciente vigilancia política.
La transición se fijó entre Piña y el nuevo presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, en un acto cordial donde se establecieron los primeros pasos para el traspaso de poder judicial
El conflicto entre poderes se hizo patente cuando el Tribunal Electoral (mayoritariamente afín a Morena) intentó interferir en decisiones del Supremo —un episodio que suscitó fuertes críticas sobre el deterioro del equilibrio institucional
Analistas alertan que, si bien el tribunal podría volverse más vigilado políticamente, también estará bajo un escrutinio público inédito, en parte debido al origen popular de su elección
Titulares destacados:
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Innovación histórica: ministros electos por voto popular y corte reducida.
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Mandato renovado: doce años con rotación presidencial bianual.
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Poder judicial fragmentado: desaparece el Consejo de la Judicatura, se crean dos nuevos órganos.
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Independencia judicial en debate: entre legitimidad y riesgo de politización.
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Desafíos operativos: más casos pendientes, sin salas especializadas.
La nueva Corte encarna un momento definitorio del balance entre autonomía judicial y control político. Si bien su legitimidad democrática puede reforzar la percepción pública de justicia, el debilitamiento de espacios institucionales especializados, la reducción de facultades del titular y la dependencia electoral podrían comprometer su rol como contrapeso al poder ejecutivo.
