La estrategia de militarizar aduanas para frenar el contrabando y la corrupción —en particular el huachicol fiscal— ha quedado comprometida ante la revelación de redes que operan desde dentro, involucrando a funcionarios, militares y empresas ocultas.
Militarización con resultados cuestionables
Desde julio de 2020, el Ejército y la Marina asumieron el control de aduanas estratégicas con la promesa de frenar el contrabando de combustible. En esos cinco años, se lograron decomisar 46 millones de litros, principalmente en puertos como Dos Bocas y Tampico. Solo en aduanas terrestres se registraron 137 embargos que totalizan casi 7 millones de litros hasta agosto de 2025.
Y, sin embargo, este aparente éxito se contrasta con estimaciones alarmantes: durante 2024, se calcula que ingresaron hasta 18 000 millones de litros ilegales al mercado mexicano.
Redes incrustadas y corrupción institucional
Las investigaciones recientes sacaron a la luz una red liderada presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que operaba con el apoyo de funcionarios aduanales infiltrados y beneficiarios de nepotismo dentro de la Marina. El entramado utilizaba permisos falsificados y pedimentos adulterados para introducir hidrocarburos sin pago de impuestos.
Uno de los casos destacados reveló que se autorizó la importación de más de 9 millones de kilos de combustibles, disfrazados como aditivos o lubricantes, lo que se tradujo en una recuperación para Pemex estimada en 452 millones de pesos
