Una comisión independiente de la ONU acusó a Israel de implementar políticas que buscan consolidar un control permanente sobre Gaza y establecer una mayoría judía en Cisjordania, en lo que describe como prácticas que podrían socavar los derechos de la población palestina.
El informe señala que estas acciones incluyen restricciones de movimiento, expropiación de tierras y expansión de asentamientos, medidas que afectan directamente la vida cotidiana y la seguridad de los residentes palestinos.
La comisión pidió a la comunidad internacional tomar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que las políticas israelíes alteren la demografía y el estatus legal de los territorios ocupados.
Organismos de derechos humanos han respaldado el informe, mientras que Israel rechazó las acusaciones, calificándolas de sesgadas y parciales, y defendió sus acciones como necesarias por motivos de seguridad.
El caso reaviva el debate sobre la situación en Oriente Medio y la necesidad de soluciones diplomáticas que respeten los derechos de todas las partes involucradas.
