Desde que los nuevos jueces, magistrados y ministros electos asumieron sus cargos en el Poder Judicial federal, se ha abierto un capítulo intenso marcado por desorden administrativo, tensión interna, demandas sociales de transparencia y una fuerte preocupación por el escrutinio público. Trabajadores y expertos advierten que aún con buenas intenciones en algunos sectores, la transición está dejando visibles fisuras que podrían afectar la función judicial en el mediano plazo.
Cambios estructurales con consecuencias inmediatas
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El nuevo modelo judicial arrancó el 1 de septiembre, con la toma de protesta de los funcionarios electos para cientos de juzgados, tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Miles de adscripciones y nombramientos siguen sin concretarse, lo que genera incertidumbre tanto para quienes acaban de entrar como para los que ya estaban en funciones.
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Se ha reportado una reestructuración masiva del personal técnico y administrativo: renuncias, despidos o solicitudes de renuncia (voluntarias o presionadas) se han convertido en algo común.
