El caso de María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí del Estado de México, ha encendido la indignación de colectivos y organizaciones de derechos humanos, luego de que fuera sentenciada a 50 años de prisión por un delito que, aseguran, no cometió y cuyo proceso estuvo lleno de irregularidades.
De acuerdo con la defensa y con grupos como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, María Guadalupe fue detenida sin orden judicial, incomunicada durante varios días y obligada a firmar una confesión bajo presión. El caso, señalan, es un ejemplo más de criminalización de mujeres indígenas y pobres en el sistema judicial mexicano.
La mujer, originaria del municipio de Temoaya, fue acusada de secuestro, aunque su defensa sostiene que no existen pruebas sólidas que la vinculen directamente con el delito. Además, denuncian que no contó con un traductor ni con una defensa adecuada durante el proceso, lo que constituye una violación a sus derechos como integrante de un pueblo originario.
Organizaciones civiles han exigido la revisión inmediata del caso, argumentando que se trata de un juicio plagado de discriminación, desigualdad y falta de perspectiva intercultural.
Mientras tanto, la familia de María Guadalupe pide su liberación y justicia, asegurando que se trata de una víctima más de un sistema que castiga la pobreza y la pertenencia indígena antes que comprobar la culpabilidad.
El caso se ha convertido en un símbolo de la desigualdad judicial en México, donde las mujeres indígenas continúan siendo las más vulnerables ante los abusos de poder y la falta de acceso a la justicia.
