ESCÁNDALO EN EL HOSPITAL YANGA! DENUNCIAN “CÁRTEL DE PLAZAS”, DESPIDOS ARBITRARIOS Y OPACIDAD FINANCIERA
Lo que ocurre al interior del Hospital General Córdoba, conocido durante décadas como Hospital Yanga, comienza a tomar dimensiones que ya no pueden ser ignoradas.
Trabajadores del nosocomio denuncian una presunta red de intereses administrativos y sindicales que, aseguran, estaría utilizando plazas, contratos y decisiones laborales como instrumentos de control y beneficio particular, mientras la institución atraviesa una nueva etapa de incertidumbre y conflicto.
Los señalamientos apuntan directamente a Sandra Palacios Villalobos, responsable del área de Recursos Financieros, a quien empleados acusan de concentrar durante años un poder desmedido dentro de la estructura administrativa del hospital y de intervenir en decisiones que, por su naturaleza, deberían sujetarse estrictamente a criterios institucionales, legales y de transparencia.
De acuerdo con los trabajadores inconformes, Palacios Villalobos habría terminado convirtiéndose en una de las figuras con mayor influencia en el manejo interno del hospital, al grado de que aseguran que el recién nombrado administrador, Andrés Barradas Salas, sería prácticamente un “títere” de la funcionaria y que, según los denunciantes, desconocería buena parte de las decisiones y movimientos que presuntamente se realizan desde el área financiera.
Las acusaciones son graves y no pueden tomarse a la ligera.
Trabajadores relatan que el pasado lunes fueron citados en el área de Recursos Humanos para comunicarles verbalmente que sus contratos no serían renovados. Al solicitar un documento oficial que acreditara formalmente la terminación de su relación laboral, aseguran que la administración se negó a entregarles constancia alguna.
Pero el conflicto no terminó ahí.
Este martes, varios de los trabajadores afectados acudieron nuevamente al hospital en sus horarios habituales con la intención de presentarse a laborar. Sin embargo, denunciaron que personal de vigilancia les negó el acceso a las instalaciones.
Los inconformes sostienen que la orden habría provenido directamente de Sandra Palacios Villalobos. “Nos tratan como delincuentes”, reclamaron los afectados, quienes consideran que se pretende consumar un despido por la vía de los hechos, sin entregarles documentación que permita conocer oficialmente su situación laboral y ejercer, en su caso, los recursos legales correspondientes.
El episodio ha encendido nuevamente las alarmas sobre la forma en que se administran los recursos humanos y financieros de una institución pública que debería caracterizarse precisamente por la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos de sus trabajadores.
Pero existe otro señalamiento particularmente delicado.
Trabajadores cuestionan la preparación profesional con la que Sandra Palacios Villalobos ha desempeñado durante años responsabilidades al frente del área de Recursos Financieros. Los inconformes aseguran que la funcionaria se ha ostentado como Contadora Pública, pero afirman que no contaría con el título y la cédula profesional correspondientes que acrediten formalmente dichos estudios.
El señalamiento, por su gravedad, debe ser aclarado con documentos oficiales.
Si efectivamente cuenta con título y cédula profesional, la institución debería estar en condiciones de acreditar públicamente dicha información. Pero si no existieran tales documentos y, pese a ello, hubiera ejercido durante años responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos financieros públicos, estaríamos ante una situación que ameritaría una investigación administrativa de mucha mayor profundidad.
Porque no se trata de una oficina cualquiera.
Se trata del área encargada de recursos financieros dentro de una institución pública de salud
Y si durante años una persona sin la acreditación profesional correspondiente hubiera estado al frente de responsabilidades para las que se requiere preparación especializada, la pregunta sería inevitable: ¿quién permitió que esto ocurriera y bajo qué criterios se le mantuvo en el cargo?
Los trabajadores también denuncian la existencia de supuestos “vicios financieros” y aseguran que detrás de los recientes movimientos de personal existiría la intención de desplazar a empleados para abrir espacios a personas cercanas a determinados grupos de poder.
Es aquí donde aparece otro nombre señalado por los inconformes: Rosalba Sánchez García, secretaria general de la Sección 4 del Sindicato Estatal de Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz.
Los trabajadores acusan que Sandra Palacios Villalobos y Rosalba Sánchez García actuarían presuntamente en contubernio para intervenir en la asignación de plazas y contratos. Más aún, los inconformes sostienen que existiría una presunta intención de “vender” plazas y contratos para beneficiar intereses particulares.
La acusación es extraordinariamente seria y, precisamente por ello, debe investigarse hasta sus últimas consecuencias.
Una plaza dentro del sistema público de salud no puede convertirse en mercancía, moneda de cambio, premio sindical o instrumento de control político. Si alguien está cobrando, negociando o condicionando plazas o contratos, tendría que responder ante las autoridades competentes.
Y si las acusaciones son falsas, también debe demostrarse.
Lo que no puede permitirse es que el silencio institucional termine convirtiéndose en cómplice de la incertidumbre.
El Hospital General Córdoba arrastra, además, antecedentes recientes que hacen todavía más preocupante el escenario actual. En mayo de 2026 fue separado del cargo el entonces encargado administrativo Quetzal Rubén Vásquez Portilla, en medio de señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción, cobros indebidos en nómina y trato déspota hacia trabajadores.
Ahora, apenas unos meses después, el hospital vuelve a encontrarse en medio de denuncias por presuntas irregularidades administrativas y laborales.
El cambio de administrador, por sí solo, parece no haber resuelto el problema.
Por el contrario, trabajadores aseguran que las decisiones importantes continúan concentrándose en manos de funcionarios y grupos que llevan años dentro de la estructura institucional.
La situación genera además cuestionamientos sobre la cadena de mando. ¿Quién administra realmente el Hospital General Córdoba? ¿El administrador formalmente nombrado o quienes, desde otras áreas, tienen capacidad para decidir quién entra y quién sale, qué contrato continúa y cuál termina?
También resulta necesario esclarecer el papel del director médico, Dr. Irving Vásquez Salas, quien asumió el cargo en junio de este año y que, según los propios denunciantes, se habría mantenido al margen de las decisiones financieras del hospital.
En medio de esta tormenta, los trabajadores afectados han decidido no permanecer callados y demandan la intervención de las autoridades estatales y federales.
Solicitan que la gobernadora Rocío Nahle García, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las autoridades responsables del sector Salud conozcan lo que ocurre en el Hospital General Córdoba y ordenen una revisión profunda de los procedimientos administrativos, laborales y financieros.
La exigencia no es menor.
Se pide revisar contratos, renovaciones, movimientos de personal, asignación de plazas, nóminas, nombramientos, facultades administrativas y, especialmente, las acreditaciones profesionales de quienes han ocupado durante años puestos relacionados con el manejo de recursos públicos.
También debe investigarse cualquier evidencia que pudiera existir sobre la presunta negociación o venta de plazas y contratos.
Porque si se trata únicamente de acusaciones sin fundamento, corresponde a las autoridades demostrarlo.
Pero si existen documentos, testimonios, transferencias, mensajes, listas, contratos o cualquier otra evidencia que confirme la existencia de una estructura para negociar plazas y contratos, entonces el Hospital General Córdoba estaría frente a un problema de enorme gravedad que no puede resolverse con simples cambios de funcionarios.
El sector salud no puede convertirse en un mercado de favores.
Los trabajadores no pueden ser despedidos de manera arbitraria ni tratados como intrusos dentro de la institución donde prestaron sus servicios. Las plazas públicas no pueden estar sujetas a intereses particulares. Y el manejo de recursos públicos debe estar en manos de personas plenamente capacitadas y debidamente acreditadas.
Lo que sucede en el Hospital General Córdoba exige respuestas, no discursos.
Exige documentos, no versiones.
Exige una investigación seria, independiente y transparente.
Porque si las denuncias de los trabajadores resultan ciertas, no estaríamos ante un simple conflicto laboral, sino ante una estructura de poder que durante años habría operado al margen de los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Y si resultan falsas, quienes hoy son señalados tendrán el derecho y la obligación de demostrarlo públicamente.
Mientras tanto, una pregunta permanece sobre la mesa:
¿Quién controla realmente el Hospital General Córdoba y qué intereses están detrás de las plazas y contratos que hoy mantienen enfrentados a trabajadores y autoridades?
La respuesta no puede seguir escondida detrás de las puertas del Hospital Yanga.
Fuente Redes Sociales
