A la fecha más de 70 municipios, agencias y comunidades del estado ha cerrado sus accesos, por temor al contagio del COVID-19, en la que algunas comunidades podrían vulnerar los derechos humanos de las personas.
El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que el órgano autónomo lleva un seguimiento de las comunidades que han decidido cerrar sus accesos para dialogar con ellos y no vulnerar derechos constitucionales.
«Ante la falta de infraestructura médica y de equipo necesario en las comunidades, los pueblos han tomado decisiones inmediatas como cerrar sus espacios geográficos como medida de contención al contacto, entonces no hay que criminalizar estas acciones y entender un poco su lógica y por qué hacen esto”.
Añadió que la DDHPO está sensibilizando a los habitantes de estas comunidades, porque si bien tienen el derecho de tomar ciertas decisiones al interior de sus pueblos, la determinación debe estar tomada con base en un elemento técnico científico.
Aislarían a pueblos
“Hemos tratado de hablar con algunas autoridades tratando de hacerles ver eso, porque hemos notado que a pesar de que puede ser una acción de buena fe puede generar una situación de riesgo, porque si se cierra la comunidad y se impide el acceso a otras comunidades, lo que puede pasar es que se aisle a otros pueblos en temas como la alimentación, se genere desabasto y esto podría agudizar la crisis sanitaria que vivimos; pero además puede generar otros temas de riesgos a la salud, porque si no se deja pasar a una ambulancia que traslada a un enfermo se va a impedir que esta persona tenga acceso a la salud”.
«Hemos recibido algunos señalamientos como en el caso de Villa Alta por el asunto del hospital, así como quejas de ciudadanos que no han podido llegar a sus pueblos porque el acceso al municipio está cerrado y algunas empresas nos han hecho saber que no pueden entregar mercancías por el bloqueo de los accesos», señaló.
«En esta semana la DHHPO empezó a elaborar kits de información con relación a la pandemia, lo que significa el virus, las medidas que las autoridades de salud recomiendan y lo que implica esto en términos de derechos humanos, porque creemos que en la medida que nosotros podamos hacer accesible esta información a la autoridades municipales podrán tener la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones.
El defensor subrayó que estas acciones tienen el propósito de evitar que se pase de una crisis sanitaria a una crisis en materia de derechos humanos, que es mucho más amplia.
Entre los municipios que han cerrado accesos están Calpulapam de Méndez, San Pedro San Pedro Yólox, Santiago Loxopa, San Dionisio del Mar, Ixtlán de Juárez, San Miguel Tenango, Santa María Petapa, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Agustín Loxicha, Villa Sola de Vega, Santiago Juxtlauaca, entre otras.
